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Seminario sobre investigación patrimonial, localización y recuperación de activos
El Ministerio Público Fiscal organizó junto con la SEDRONAR un seminario sobre "Investigación patrimonial, localización y recuperación de activos", que cuenta con el auspicio del Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos. Las jornadas a desarrollarse tienen como objetivo fortalecer la acción estratégica regional para capacitar a los integrantes de las distintas agencias estatales que intervengan en la investigación y represión de delitos, y constituyen también una herramienta más para el fortalecimiento de las políticas que en esa dirección viene desarrollando la Procuración General de la Nación
El seminario pondrá especial énfasis en la implementación y desarrollo de técnicas especiales de investigación patrimonial, que tiendan a la identificación y persecución de activos que constituyan productos o efectos del delito, así como a colaborar con el proceso de perfeccionamiento y mejora de los sistemas de administración de bienes de la región.
Todo ello basado en el hecho de que tanto el lavado de activos asociado a las diversas manifestaciones de la delincuencia organizada, como el ocultamiento del destino y origen del dinero en los casos de corrupción, constituyen un fenómeno transnacional que exige de los poderes estatales la búsqueda de una respuesta integral y una acción estratégica.
El grupo de instructores del taller estará compuesto por expertos de la Oficina de Investigación Patrimonial de Costa Rica (UIF-CR), expertos de CICAD, del Banco Mundial y de España.
Para mayor información, contactarse con la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública: 25 de Mayo 179, 3° piso, CABA.
Tel. 4343-0165//4342-9821
Mail: ocdap@mpf.gov.ar
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Instrucción frente a planteos o recursos pendientes de resolución en la etapa de juicio
El Procurador General de la Nación, a instancias de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP), ha instruido a los Fiscales Generales ante los Tribunales Orales de todo el país, para que adopten las medidas necesarias con el fin de que las causas sean llevadas a debate oral y público pese a la existencia de planteos o recursos pendientes de resolución.
En tal sentido, los instó a que se opongan a la posibilidad de que no se fije audiencia de debate, se suspenda o se difiera la ya designada, con sustento en planteos o recursos interpuestos con fines evidentemente dilatorios y que propugnen, en caso de corresponder, su rechazo in limine y exijan la pronta concreción del juicio en cuestión.
* El documento se encuentra disponible en el segmento “Resoluciones” de esta página
El Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera suscribieron un acuerdo de cooperación en materia de corrupción
El convenio marco, suscripto el 25 de junio pasado, establece “vínculos de asistencia, complementación y cooperación técnica” entre ambas instituciones. En lo que respecta estrictamente a la temática de corrupción, el órgano encargado de intercambiar datos con la UIF será la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP).
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La Procuración General de la Nación y la Procuración del Tesoro firmaron un convenio para el trabajo conjunto en causas de corrupción
El acuerdo, suscripto el 23 de junio pasado, prevé pautas de cooperación, capacitación y asistencia recíproca entre ambos organismos. Surgió como resultado de las gestiones llevadas adelante por la OCDAP ante la necesidad de lograr una mayor articulación entre diferentes agencias del Estado en materia de recuperación de bienes.
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El FONTRA aprobó el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público
en recuperación de activos provenientes de maniobras de corrupción
A comienzos de este año, el Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia (FONTRA) seleccionó y aprobó, de entre las múltiples propuestas recibidas, el financiamiento del proyecto “Fortalecimiento del Ministerio Público para la Recuperación de Activos de la Corrupción”, presentado por el Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés (UDESA).
Esta iniciativa de fortalecimiento –cuyos objetivos incluyen asistencia técnica específica, capacitación presencial del personal de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP), capacitación online a disposición de todo el Ministerio Público y la asistencia en la elaboración de un protocolo de actuación en materia de investigación patrimonial- surgió a partir de la suscripción de una carta compromiso por parte del Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi, y la titular de la OCDAP, Dra. Sabrina Namer, y la destacada intervención del experto en esta temática y profesor de la UDESA, Dr. Guillermo Jorge*, quien asumió la dirección del proyecto y efectuó las gestiones pertinentes para lograr su financiamiento.
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Inmovilización de bienes de funcionarios y familiares
En una medida con pocos precedentes en el fuero penal de nuestro país, y en consonancia con la línea impulsada por el Procurador General de la Nación mediante la Res. 129/09, sin que exista convocatoria a prestar declaración indagatoria a los imputados, el magistrado subrogante a cargo del Juzgado en lo Criminal Federal n° 7, Secretaría n° 14, dispuso el embargó de diversos bienes del ex Secretario de Transporte, Raúl Ricardo Jaime, de su actual pareja, Silvia Elena Reyss, y de las hijas de cada uno de ellos, hasta cubrir la suma de $ 40.000.000. En igual sentido y respecto de las mismas personas, dispuso la inhibición general de bienes para impedir que bienes cuya existencia aún no había sido descubierta pudieran ser sustraídos de los respectivos patrimonios.
Esta decisión, al igual que la instrucción emitida por el Procurador General -que instruyó a los fiscales para que requieran el dictado de medidas de este tenor en los primeros pasos de la investigación en la medida en que se encuentre cumplidos los requisitos para su procedencia, sin que sea necesario para ello el dictado del auto de procesamiento o el llamado a prestar declaración indagatoria-, se enmarca en las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia.
Asimismo, esta resolución judicial merece destacarse además porque se trata de una investigación, y la disposición de medidas cautelares, que no se centró exclusivamente en el ex funcionario imputado, sino que se amplió hacia familiares y allegados que serían utilizados para disimular el incremento patrimonial.
Afianzar esta línea de actuación en los operadores judiciales resulta fundamental para no tornar ilusorio el recupero de activos producto de la corrupción.
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