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Información de interés general sobre causas de corrupción
Propuestas de la OCDAP
Problemas que suscitan la interpretación y aplicación de la doctrina del fallo “Pompas” para casos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública
Desde la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP), ponemos a disposición de todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal este documento como forma de cumplir con uno de nuestros objetivos, cual es la generación de doctrina del Ministerio Público Fiscal sobre temas que forman parte de nuestra tarea cotidiana, no con el fin de cerrar las discusiones, sino de iniciarlas.
En efecto, simplemente les proponemos un abordaje de este tipo de casos que posibilite el impulso de la acción penal cuando se presentan trabas como las generadas por la doctrina de “Pompas” (CSJN) y, con ello, no sólo los invitamos a efectuar comentarios sobre la posición propuesta, sino también a sugerir temas para ser desarrollados.
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La titular de la OCDAP expuso en la Cámara de Diputados de la Nación acerca del proyecto de reforma legislativa en materia de Delitos contra la Administración Pública
La Fiscal a cargo de la OCDAP, Dra. Sabrina Namer, fue invitada a opinar, el 27 de abril de 2010, en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, con relación al proyecto de reforma del Código Penal en materia de Delitos contra la Administración Pública.
En el evento, que se desarrolló en el Anexo de la Cámara de Diputados y en el que también intervino el jurista José Ignacio Cafferata Nores, se debatió acerca de la importancia de la modificación de la regulación vigente en lo que respecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el aumento de penas y el decomiso de bienes, entre otros puntos.
A esta importante iniciativa, la OCDAP aportó una serie de propuestas para la discusión parlamentaria. Por ejemplo, remarcó la falta de proporcionalidad en el monto máximo de las escalas penales proyectadas, entre delitos de la índole tratada y otros que afectan bienes jurídicos de menor relevancia, y su vinculación con los plazos de prescripción de la acción penal. Por otra parte, con relación al decomiso de bienes de imposible ubicación o transferidos a terceros de buena fe, sugirió la implementación de un sistema basado en el valor (decomiso sustitutivo).
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Presentación efectuada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación al destino de activos decomisados en el marco de investigaciones penales por hechos de corrupción.
En el marco de las políticas impulsadas desde el Ministerio Público Fiscal en la lucha contra la corrupción, y, específicamente, en materia de recupero de activos, el día 29 de marzo de 2010, la OCDAP presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, apoyando la petición efectuada por la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana contra Corrupción (CICC), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), para que los fondos decomisados en el marco de la condena dictada a María Julia Alsogaray, en la causa nro. 648 del Tribunal Oral en lo Federal nro. 4, sean adjudicados a la “Fundación Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garrahan”.
Además de ello, la Oficina hizo hincapié en la necesidad de que los recursos obtenidos en el futuro, sean preferentemente afectados a obras de bien público que beneficien a los sectores más desventajados del mismo territorio víctima de la actuación irregular de los funcionarios, de modo tal de procurar la reparación del daño causado a su población y, de ese modo, garantizar la función simbólica de la sanción, alcanzando, mediante un procedimiento de considerable visibilidad social, la finalidad de prevención general positiva propia del ejercicio del poder punitivo estatal.
Ello, en la firme convicción de que la adopción de tales criterios no sólo tendrán un efecto cierto en el fortalecimiento del sistema institucional, sino que, además, mejorarán tanto la operatividad como la percepción social que de la Justicia tiene la comunidad en general, y lograrán mejorar la posición del país en el plano internacional, demostrando su voluntad de acercarse a los estándares que se obligó a alcanzar.
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